CDE se querella contra diputado Miguel Calisto por delito de fraude al fisco

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra el diputado Miguel Calisto Águila (Demócratas) y contra quienes resulten responsables por el delito de fraude al fisco sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.

La querella fue interpuesta en el Juzgado de Garantía de Coyhaique y se dirige también contra Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein por haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la ley de presupuestos de la Nación.

También se informó que de acuerdo con los antecedentes contenidos en la investigación, la imputada Carla Graf, coludida con el diputado Calisto habría celebrado una serie de contratos de prestaciones.

Esto era para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios, recibiendo a cambio un pago a honorarios que no solo fue incrementándose en el tiempo, sin ningún tipo de justificación, sino que no contó con ningún antecedente o respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de la labor contratada.

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Fisco acusa a diputado por más de 100 millones de pesos

CDE agregó que se pudo constatar que la querellada Carla Graf Toledo no prestó los servicios para los que fue contratada, lo que fue aceptado por el querellado Calisto Águila.

El diputado "faltando a los deberes de su cargo e incurriendo en múltiples acciones de administración desleal de los fondos públicos promovió la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando por concepto de honorarios a la imputada más de 100 millones de pesos en perjuicio del Fisco por servicios que nunca prestó". 

Finalmente se indicó que durante ese período se constataron una serie de transferencias de dineros entre los imputados, concordante con épocas de campañas políticas en la región, las que habrían sido destinadas a desviar dineros de asignaciones parlamentarias a fines no previstos, como financiamiento de campañas y gastos particulares en un contexto de conducta dolosa desarrollada por los responsables.

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